ATLL, con sede en Sant Joan Despí (Barcelona), gestiona varias potabilizadoras y la desaladora de El Prat. Elena RamónEXPANSIÓN

El Tribunal Supremo tumba la privatización de Aigües Ter-Llobregat, que ganó Acciona

Entrecanales: “La Generalitat no ha explicado qué quiere hacer con ATLL”

Acciona cifra en 308 millones el dinero que deberá devolverle la Generalitat por ATLL

Tras la decisión del Supremo de anular el concurso, la concesionaria de agua pide una indemnización de 769 millones por lucro cesante y una compensación de 305 millones por la liquidación.

Acciona reclamará un mínimo de 1.000 millones de euros a la Generalitat por la liquidación del contrato de adjudicación de la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL), que abastece de agua potable en alta (al por mayor) a una población de más de 4,5 millones de catalanes.

Según ha podido saber EXPANSIÓN y confirmaron anoche fuentes de Acciona, el grupo presidido por José Manuel Entrecanales y el resto de accionistas del consorcio adjudicatario, entre los que figura el fondo británico Pioneer Point Partners, presentaron ayer un escrito a la Generalitat en el que cifran por primera vez la indemnización por lucro cesante y daños y perjuicios que debería recibir la empresa, en compensación por la resolución anticipada del contrato.

Acciona se adjudicó la explotación de ATLL por un periodo de 50 años, pero solo la habrá gestionado 6, ya que el Tribunal Supremo anuló en febrero el concurso de 2012  porque no se respetaron los principios de igualdad y transparencia.

Fecha límite

El documento enviado ayer se basa en un informe elaborado por la consultora PwC, que concluye que la sociedad ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya debería recibir una compensación total de 1.036,70 millones de euros. El Gobierno catalán, presidido por Quim Torra, debería abonar esta cifra antes del 31 de diciembre, ya que está previsto que el 1 de enero de 2019 el servicio de ATLL sea asumido directamente por la Generalitat con un nuevo ente público.

El cálculo efectuado por PwC es la suma de dos conceptos: el derivado de la liquidación según la cláusula 9.12 del contrato y la estimación del impacto por daños y perjuicios. El primero recoge el importe de los cánones abonados por la concesionaria -pagó 300 millones de euros en 2012- y no recuperados a través de tarifa y las inversiones efectuadas y que todavía no han sido amortizadas (37 millones). Esta liquidación, según PwC, asciende a 305,33 millones de euros. Se trata de una cifra muy similar a la que Acciona ya avanzó en marzo, 308 millones, en un hecho relevante remitido a la CNMV.

Sin embargo, hasta ahora era inédito el lucro cesante y los daños y perjuicios que la concesionaria reclamará al Gobierno catalán: 769,53 millones. PwC considera que este es el beneficio que dejará de percibir la sociedad entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2062, el año en el que debería haber vencido la concesión. Para llegar a este cálculo, la consultora ha aplicado el método del descuento de flujos de caja libres antes de impuestos.

Aunque los dos conceptos suman, en realidad, 1.074,86 millones, PwC resta del cálculo final un ajuste de 38,16 millones por otras variables, hasta establecer la cifra final de 1.036,7 millones.

La Generalitat aprobó en julio por decreto ley la creación de un ente público que asuma los activos de ATLL y que debería empezar a funcionar el 1 de enero. En paralelo, creó una comisión de liquidación para establecer una negociación con Acciona y sus socios para determinar el impacto económico de la resolución del contrato.

Sin embargo, según el documento remitido ayer al Govern, esta negociación con ATLL todavía no se ha iniciado, por lo que será difícil que pueda alcanzarse un acuerdo antes de finales de año. “A día de hoy no se ha tenido conocimiento de la creación de la mencionada comisión ni de sus trabajos”, dice el texto.

La Generalitat no ha hecho público, por ahora, cuál es su cálculo sobre la indemnización que debe percibir ATLL, pero se estima que se sitúa muy por debajo de las pretensiones de Acciona. La única cifra hipotética disponible consta en las cuentas de 2015, cuando se hizo una provisión de 380 millones.

Respetar el contrato

“Si el Gobierno regional de Cataluña no respeta los compromisos contractuales, tomaremos las acciones judiciales necesarias para defender nuestros intereses, además de redirigir nuestras inversiones hacia otros mercados donde los derechos de los inversores internacionales sean respetados”, afirmaron ayer a EXPANSIÓN fuentes de Pioneer Point Partners.

Este fondo, que posee el 1,95% de ATLL, está dispuesto a llevar a la Generalitat a los tribunales de arbitraje internacionales para recuperar su inversión en el caso de que no exista acuerdo con los mil millones reclamados. “Estamos profundamente preocupados por la aparente falta de protección de las inversiones en España”, lamentaron.

Acciona ya avanzó en marzo su intención de llevar también a la Generalitat a los tribunales si no lograba alcanzar un acuerdo satisfactorio sobre la indemnización.

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