En una sentencia sobre el Código de Consumo, señala que no puede imponerse el uso de una lengua en las relaciones entre particulares y, por tanto, tampoco cabe establecer un régimen sancionador

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las multas lingüísticas de la Generalitat. En una sentencia –la segunda– sobre el Código de Consumo de Cataluña, el alto tribunal, recogiendo la jurisprudencia existente, ha señalado que, en el ámbito de las relaciones entre particulares –y a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos–, no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales.

Consecuencia de ello es que, en el ámbito de las relaciones entre privados, tampoco cabe establecer un régimen sancionador frente a eventuales incumplimientos de dicha norma autonómica, pese a que así lo recoge la propia ley para las empresas que no utilicen el catalán en sus relaciones con los consumidores.

No puede obligarse a una empresa a usar una lengua